La Comisión Europea y el Banco Central Europeo han dado los primeros pasos hacia la implementación del euro digital, enfatizando que no pretende reemplazar el dinero en efectivo. Según argumentan, cada vez más ciudadanos prefieren los métodos de pago electrónicos, pero aún existe un porcentaje significativo de la población que prefiere el dinero en efectivo. El euro digital facilitará los pagos en la zona del euro, ofreciendo una experiencia similar al efectivo y permitiendo pagos sin conexión a Internet. Esta iniciativa también busca contrarrestar las criptodivisas para mantener la estabilidad del sistema monetario. La propuesta legal destaca la protección de datos personales y el anonimato en el uso del euro digital, y se espera que pueda utilizarse a través de aplicaciones móviles incluso sin acceso a Internet. Además, se considera una solución para la exclusión financiera y la reducción de cajeros automáticos en la UE. A diferencia de las tarjetas de crédito, el euro digital estaría disponible sin comisiones.

La empresa suiza Proton, lanza su password manager. Por si no la conoces te cuento que se especializa en servicios de privacidad y seguridad en línea. Conocidos principalmente por su servicio de correo electrónico cifrado llamado ProtonMail, (el cual está muy bien) ofreciendo comunicaciones seguras y protección de datos mediante cifrado de extremo a extremo. Proton también ofrece servicios adicionales, como almacenamiento en la nube cifrado (ProtonDrive) y un servicio de VPN (ProtonVPN), que permite a los usuarios navegar por Internet de forma anónima y segura. La empresa se ha ganado una reputación sólida en el ámbito de la privacidad y la seguridad en línea y ha ganado la confianza de muchos usuarios preocupados por proteger su información personal en un entorno digital cada vez más vulnerable.

La nueva Ley General de Telecomunicaciones, también conocida como ley antiSPAM, entrará en vigor el 29 de junio y tiene como objetivo prohibir las llamadas comerciales sin consentimiento previo. Sin embargo, la efectividad de esta normativa enfrenta desafíos, ya que las empresas pueden obtener el consentimiento de diversas maneras, como a través de la letra pequeña o asociándolo a la compra de un producto. La ley establece multas de hasta 100.000 euros para las faltas leves y hasta 20 millones de euros en casos más flagrantes. La Agencia Española de Protección de Datos será responsable de hacer cumplir esta ley, incluso con empresas extranjeras, mientras que las principales operadoras de España han pactado dejar de realizar llamadas de spam. Aunque se espera que esta normativa reduzca las llamadas no deseadas, la obtención del consentimiento y las bases de legitimación permiten a las empresas seguir realizando llamadas comerciales en ciertas circunstancias, lo que plantea un desafío para su efectividad.